- Entre un 47% y un 52% de las mujeres a nivel mundial sufre esta afección
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Por Megan y Brooks
NUEVA YORK (Reuters Health) – Un equipo de Canadá publica en una edición especial de JAMA sobre la salud infantil que dos dosis de la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) en las niñas serían tan efectivas como las tres dosis que se aplican en las mujeres jóvenes. Leer más
La reforma del aborto pretende que el feto es persona, pero para ello se requiere nacer
Nada más lejos de la realidad que lo que dijo Beatriz Escudero, diputada del PP, en el debate sobre la reforma de la ley del aborto en el Congreso de los Diputados: «¿Saben ustedes que en España las mujeres que se ven abocadas al aborto son las que menos formación tienen?».
Lo dicen las voces expertas, como Santiago Barambio, presidente de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del embarazo (ACAI), quien rechaza de plano la afirmación realizada por Escudero. «La ignorancia es muy atrevida», asegura a El Huffington Post. «Lo que más me sorprende de esta declaración es que dice ampararse en las estadísticas. Esto sucede cuando no te basas en los datos de la gente experta», se queja Barambio, cuya asociación ha realizado varios estudios sobre los motivos de la interrupción voluntaria del embarazo.
En su último trabajo, de 2012, consultadas 5.100 mujeres, apenas el 3% de las que abortaron no tenían estudios, frente al 65% que abortan con estudios entre la Secundaria y el Bachillerato o equivalentes. En sus conclusiones, el estudio asegura que «el aborto provocado no está vinculado a mujeres sin formación o sin empleo».
OTRA AFIRMACIÓN FALSA
Esto último también choca con otra de las afirmaciones polémicas de Escudero, quien aseguró, sin aportar dato alguno, que «abortan más las asalariadas y las que trabajan por cuenta ajena que las paradas». «Eso es una contradicción», asegura, «perpleja», Yolanda Besteiro, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas. «Precisamente, tienen más recursos a la hora de enfrentarse con un embarazo que una mujer autónoma, que no tiene ingresos regulares y tiene una mayor incertidumbre», añade.
Besteiro tampoco comprende las palabras de Escudero sobre el nivel de formación. «No tiene absolutamente nada que ver. Eso es desconocer la realidad que hay detrás del aborto, desconocer los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, que existen independientemente de la formación y la ideología. Desconozco de dónde habrá sacado esos datos. No se ha acercado a ninguna clínica, si lo hubiera hecho sabría que no tiene nada que ver».
Para la presidenta de Mujeres Progresistas la decisión de abortar «no tiene por qué depender de su cultura o su cualificación». «Hay profesionales con mucha formación que, por lo que sea, no desean tener hijos y es una decisión libremente adoptada. Otras mujeres con poca cualificación, sin embargo, sí que deciden tener familia numerosa y no abortar», explica.
Lo refrenda otro estudio de ACAI, esta vez de 2010, en el que el número de mujeres sin estudios que abortaron suponía el 4,5%. «Si la diputada llama ‘sin estudios’ a la gente que está en primero de carrera universitaria…», añade Barambio. En este trabajo se presentaba una ‘foto-robot’ de la mujer que aborta: de 25 años y con recursos propios. «No sirve para nada», admite el presidente de ACAI, «porque los colectivos vulnerables son inmigrantes, mayores de 40 años, adolescentes y mujeres que viven en áreas con pocos recursos y bajo nivel de instrucción». «Ahí sí que tendría razón esta señora, pero no son la mayoría, sino más bien la minoría, porque afortunadamente en España la gente va al colegio».
EDUCACIÓN SEXUAL
«Lo que siempre vendrá bien, y se recoge en la ley actual, es que se efectuara una política de educación sobre los métodos anticonceptivos existentes», indica Ángela Alemany, abogada y expresidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis.
Lo mismo piensa Barambio, quien cree que el aborto «es una de las soluciones» y aboga por una educación sexual y sobre anticonceptivos que disminuya las interrupciones voluntarias. «El aborto no es lo que se debería medir para saber lo que sucede», asegura el máximo dirigente de ACAI, «lo que es preocupante es la cifra de embarazos no deseados, el aborto es uno de los indicadores».
CRÍTICAS A LA REFORMA DE LA LEY
Barambio pide legislar «sobre la realidad» y critica duramente la reforma de la ley del aborto que plantea el Gobierno. «Tendrán que ser madres porque le gusta mucho al señor Gallardón [ministro de Justicia], lo que piensen ellas da igual. Sólo la mujer sabe si puede enfrentarse a la situación que le representa la maternidad con un hijo que la va a necesitar el resto de su vida», asegura.
Igual de crítica se muestra Alemany. «Lo que van a hacer es retirar la actual ley, la van a derogar. Lo que no se puede decir es lo que ha dicho Gallardón, es intolerable que diga que, en caso de que no estemos conformes con la ley, se lo digamos a los diputados para que la reformen, porque se crea inseguridad jurídica que no es de recibo para la ciudadanía».
Besteiro, por su parte, cree que supondrá un retroceso de décadas respecto a la ley actual. «Será volver al franquismo. El aborto dejará de ser un derecho para ser un delito penado y sometido a un procedimiento criminal. Las mujeres que tengan dinero, se irán al extranjero. Las que no lo tengan, abortarán en España en condiciones inseguras y poniendo en peligro su salud. Volveremos a las cifras anteriores a 1985, cuando morían más de 400 mujeres al año por abortos», explica.
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Cada año, se dan 20 millones de nuevas infecciones
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La resistencia al antibiótico crece en Norteamérica y ya hay casos en España
MARTA CASTRO Madrid
Imagen microscópica de bacterias de gonococo. / CDC/ RENELLE WOODALLEl control de las enfermedades de transmisión sexual presenta una nueva amenaza: la cefixima, el antibiótico que se utiliza desde hace años para combatir la gonorrea, está empezando a no ser efectiva. La última voz de alarma viene de Canadá, donde un estudio realizado por un equipo capitaneado por la microbióloga Vanessa G. Allen muestra que el 7% de los pacientes tratados con este fármaco demostraron una resistencia al tratamiento, un porcentaje que crece en toda Norteamérica desde el año 2000. De los 133 pacientes que se sometieron a una prueba de curación tras el tratamiento en una clínica de Ontario, 13 de ellos mostraban aún la enfermedad tras el tratamiento con el antibiótico. Según los autores del estudio, el fracaso clínico ocurrió en 4 de 76 infecciones uretrales (5,26%), 2 de 7 infecciones faríngeas (28,6%), y 3 de 39 infecciones rectales (7,69%).
No es la primera vez que la gonorrea esquiva a los fármacos. En los años cuarenta se trató con sulfonamidas, en los años setenta con penicilinas y tetraciclinas, y en 2007, con fluoroquinolonas. Pero la gonorrea termina por hacerse inmune a los tratamientos. Las cefalosporinas son ahora mismo el único antibiótico recomendado para el tratamiento de esta enfermedad. “Sin embargo, la sensibilidad a las cefalosporinas orales está disminuyendo, y la eficacia de estos fármacos está amenazada”, concluye el estudio.
Ya en 2012 los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) actualizaron su recomendación para tratar la gonorrea. Aconsejaban sustituir la cefixima por otros antibióticos como azitromicina o doxiciclina.
La Organización Mundial de la Salud advirtió en 2012 de una ‘supergonorrea’ resistente al tratamiento
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ya advirtió ese mismo año de la creación de una supergonorrea resistente al tratamiento. Se trata de cepas de esta enfermedad venérea que resisten a los antibióticos y que se están expandiendo por diferentes países desde que se descubriera en Japón en 2011. Ante la potencia de la bacteria y sin la ayuda de los fármacos, la única solución sería la detección temprana.
Julio Vázquez, investigador experto en microbiología del Instituto Carlos III tiene la clave de por qué la gonorrea se vuelve resistente: “El gonococo es una bacteria muy promiscua, es decir, intercambia mucho material genético con otras bacterias de su especie y entorno. Los cambios son al azar, pero solo se estabilizan en su ADN aquellos que son una ventaja evolutiva para las bacterias”. Eso explica por qué la sífilis se trata desde siempre con penicilina y la gonorrea se escapa cada pocos años a su tratamiento. El gonococo es una población de bacterias “claramente sexual” remacha Vázquez.
Cada año se estima que hay más de 700.000 casos de gonorrea en todo el mundo, es una de las infecciones sexuales más comunes. En países como Australia, Francia, Noruega, Suecia y Reino Unido no solo repunta el número de enfermos, sino los casos de resistencia. Lola Bou, de la Asociación Española de Dermatología y Venereología, explica que la pérdida de miedo ante el sida está haciendo que la gente se desproteja, por lo que aumenta el número de enfermedades de transmisión sexual y no solo la gonorrea. Para esta especialista, además de la protección son importantes dos factores más: “Hacer seguimiento a los enfermos para asegurar la curación y que no solo sea una fase asintomática y evitar automedicarse, fuente de la mayoría de las resistencias”.
Lola Bou explica que las enfermedades venéreas están aumentando también en España. Por ejemplo, en Barcelona reapareció con fuerza en 2011 el linfogramulona venéreo, una infección que llevaba más de 20 años sin afectar a nadie en nuestro país. La sífilis creció un 16% durante 2010. La gonorrea se diagnostica por sus síntomas: secreciones, dolor al orinar y en las gónadas o el bajo abdomen. A veces aparece sin síntomas, por lo que es más difícil de diagnosticar. Entre sus consecuencias más feroces están la infertilidad y la creación de otras infecciones como conjuntivitis o uretritis.
Jorge Del Romero, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, dirige el Centro Sandoval de Madrid, el centro nacional de referencia en enfermedades de transmisión sexual en España. Confirma el aumento de casos en nuestro país: de los 91 casos que trataron en 2004 a los 369 durante el año pasado. Entre ellos ha aparecido un posible caso de resistencia al tratamiento. “Es un reto, porque las cepas resistentes suelen ser las que más se transmiten y de momento no hay más tratamientos que los conocidos. Esperemos que se descubra otro”, sentencia el doctor del Romero.
Solo el 14% de los ciudadanos apoya suprimir el supuesto de malformación
F. G. Madrid
Fuente: Metroscopia.
En un Gobierno desbordado por la crisis económica que todo lo tapa, Alberto Ruiz-Gallardón ha emergido como el ministro pararrayos, que acumula al malestar ciudadano por los recortes el rechazo a sus propuestas. La última, la de la eliminación del supuesto de aborto de malformación grave del feto, es rechazada por la inmensa mayoría de los españoles, incluidos los votantes del PP y los católicos practicantes. Dos de cada tres votantes del PP, el 65%, y el 64% de los que se declaran católicos están en contra, según la encuesta de Metroscopia.
La interpretación que se ha hecho de esa iniciativa es que Gallardón pretende congraciarse con su electorado, pero hasta a sus votantes les parece excesiva esa vuelta al pasado más remoto, previo a la ley de 1985 en alguno de sus supuestos. Ni para eso le sirve. Los ciudadanos, según se desprende de la encuesta, no aceptan los incumplimientos flagrantes de los programas electorales. El del PP hablaba de forma ambigua de cambiar “el modelo de la actual regulación del aborto para reforzar la protección del derecho a la vida, así como de las menores”, pero todos sus dirigentes, incluido Rajoy, se encargaron de dejar claro que se trataba de volver a la situación previa a 2010, es decir, a la derogación de la ley de plazos para recuperar los supuestos de salud de la madre, violación y malformación del feto.
Así lo explicó Gallardón como ministro de Justicia, hasta que ha colocado sobre la mesa una reforma no prevista que apunta a eliminar el supuesto de malformación grave y que ni siquiera había sido barajada nunca por el PP: ni cuando estaba en la oposición y Zapatero promovió la ley de plazos, ni entre 2000 y 2004, cuando gobernó con mayoría absoluta suficiente para ponerla en marcha. Ni José María Aznar llegó tan lejos.
El rechazo social es evidente y contundente: el 81% de los ciudadanos está en contra de esta reforma y el porcentaje llega al 90% en el caso de los votantes del PSOE.
El gran argumento del PP en las anteriores legislaturas para oponerse a leyes de derechos sociales como la del aborto y la de matrimonio homosexual, entre otras, era precisamente el de la falta de consenso en la sociedad. Ahora solo el 14% de los españoles apoya la reforma Gallardón.
Apenas un 27% de los votantes del PP, con los que el ministro quiere congraciarse, está de acuerdo con lo que ha expuesto Gallardón. Y en función de las creencias religiosas declaradas de los encuestados, tampoco Gallardón logra el apoyo de los supuestos destinatarios del mensaje: los católicos, practicantes o no, están en contra. Ni siquiera hay justificación religiosa, porque el rechazo va del 64% de los practicantes, al 85% de los no practicantes y alejados de la jerarquía de la Iglesia. En contraste, el ministro de Justicia sí ha orillado propuestas concretas de su programa electoral en busca del consenso con otros partidos, como el cambio en el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Ya matizó la propuesta electoral de reclusión permanente revisable para limitarla a los terroristas; es decir, para dejarla en nada en el momento final de ETA.
Gallardón, incompatible con la idea de pasar inadvertido dentro del Gobierno y asumir un papel secundario, paga por su osadía y su imagen se desploma, en el conjunto de un Ejecutivo con mala valoración ciudadana. En menos de un mes, el ministro de Justicia pasa de un saldo negativo de 10, como el miembro del Gobierno mejor valorado, a -36, como quinto peor valorado. En este periodo ha vivido también el caso Dívar, con su fracasada apuesta inicial por la continuidad del entonces presidente del Poder Judicial.
La crisis pone en cuestión el Estado autonómico
Si el PP quiere aprovechar la crisis para reordenar la estructura del Estado, aparentemente tendrá apoyo de una gran mayoría de ciudadanos.
La crisis se lleva por delante el prestigio que hasta ahora tenía el Estado autonómico. Un 81% es partidario de una reorganización, días después de que la Comunidad Valenciana, Murcia y Cataluña hayan pedido el rescate de sus cuentas públicas por parte del Estado.
La impresión es que las comunidades han ido demasiado lejos en su gasto y solo un 13% considera que son algo consustancial y no hay que acometer reforma alguna.
No hay apenas diferencias en función del recuerdo de voto de los encuestados, porque el 88% de los que apoyaron al PP están a favor de esa reorganización y ese porcentaje es del 82% para los que apoyaron al PSOE. Uno de los partidos con mayor ascenso durante la crisis y, especialmente en esta legislatura, UPyD, ha hecho bandera precisamente de esa reorganización del Estado.
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