EFE
Publicado el Martes 25 de Mayo de 2010
Hace unos días, el presidente de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Emabarazo (ACAI), Santiago Barambio, afirmaba que la nueva ley del aborto era poco esclarecedora sobre algunos asuntos, como el método por el que las menores de edad informarán a sus padres. Así, Barambio se preguntaba cómo el médico que practica la interrupción del embarazo iba a saber si los padres consentían dicha interrupción. Ahora, un borrador del desarrollo reglamentario de la nueva Ley del Aborto que se presentará en el Consejo Interterritorial de Salud del próximo lunes afirma que las menores de entre 16 y 17 años que decidan abortar sin informar a sus padres, alegando que pueden sufrir violencia intrafamiliar, deberán convencer al médico de esta situación, quien a su vez podrá recurrir a un psicólogo o trabajador social para que corrobore la versión de la joven.

En el caso de que la menor afirme sentir miedo o temor a sufrir violencia familiar o coacciones de algún tipo, será el médico el encargado de autorizar la interrupción del embarazo sin que los padres lo sepan. Para ello, “el médico tiene que evaluar las circunstacias que la joven le está planteando” y en caso de duda puede solicitar “el informe de un psicólogo o a un trabajador social que certifique que ese miedo puede existir sobre la menor”, según ha afirmado la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, en una rueda de prensa.

De esta manera, la ministra considera que “se mantiene el espíritu” de lo aprobado en la Ley. Además, Jiménez ha afirmado que el “consentimiento” del aborto se podrá certificar de “manera presencial”, con la compañía de los padres o de sus tutores, o también con “una carta o una prueba escrita” o “una fotocopia firmada del carné de identidad”. Según la titular de Sanidad, ésta es una “práctica admitida en derecho” para acreditar el consentimiento en cualquier acto jurídico, por lo que, ha matizado, “no es que haya habido ninguna fórmula especial creada en esta Ley”.

La ministra también ha anunciado que serán los profesionales sanitarios de la Enfermería los que impartirán la educación sexual en los centros educativos, como plantea la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Con este proyecto se prevé la disminución de los embarazos no deseados y, de esta manera, la reducción del número de abortos, que en 2008 se elevaron hasta las 115.812 interrupciones de embarazo.

La nueva ley entrará en vigor el próximo 5 de julio y las clínicas tendrán un plazo de tres meses para adecuarse a las condiciones que contiene esta norma, un aspecto que recoge otro Real Decreto sobre la Garantía de la Calidad Asistencial de la Prestación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo que se elevará al Consejo de Ministros.