El BOE ha publicado hoy el Real Decreto ley de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud con el objetivo de ahorrar 7.000 millones de euros en la sanidad.

ELMUNDO.es | Agencias | Madrid

Éstas son las principales medidas de ahorro:

-Pago de prótesis ambulatoria y transporte sanitario no urgente: Los usuarios de la Sanidad pública tendrán que pagar parte de las prótesis ambulatorias (férulas, muletas, sillas de ruedas…), los productos dietéticos e incluso el transporte sanitario no urgente, de acuerdo con el decreto que publica el BOE, que considera estos productos y actividades como «servicios accesorios» sujetos a aportación por parte del usuario.

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El porcentaje de aportación del usuario «se regirá por las mismas normas que regulan laprestación farmacéutica, tomando como base de cálculo para ello el precio final del producto y sin que se aplique ningún limite de cuantía a esta aportación».

Ese tipo de prestaciones -ortoprotésica, productos dietéticos y transporte sanitario no urgente-, que se dispensan de manera ambulatoria, estarán incluidas en la cartera común suplementariadel Sistema Nacional de Salud.

-Servicios comunes: La norma incorpora la modificación del artículo relativo al desarrollo de los servicios comunes, entre los queno se incluirán aquellas técnicas, tecnologías y procedimientos queno tengan suficientemente probada su «contribución eficaz a la prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y curación de las enfermedades, conservación o mejora de la esperanza de vida, autonomía y eliminación o disminución del dolor y el sufrimiento».

-Copago farmacéutico: El Real Decreto pone fecha al copago farmacéutico: el 1 de julio. Antes de esa fecha, las comunidades autónomas deberán adaptarse para modificar al copago según renta antes del 30 de junio.

De esta manera, los activos con una renta igual o superior a 100.000 euros deberán hacerse cargo de un 60% del precio de los medicamentos, reduciéndose al 50% si la renta se comprende entre los 18.000 y los 100.000 euros, y al 40% para las personas cuya renta sea inferior a los 18.000 euros.

Los pensionistas con renta inferior a 18.000 euros pagarán el 10%, con un tope de ocho euros mensuales; los que perciban más de esa renta abonarán un máximo de 18 euros al mes y los que reciban más de 100.000 euros tendrán un límite de 60 euros mensuales.

-Sin fármacos para síntomas menores: El Gobierno ha decididoexcluir de la prestación aquellos fármacos indicados en el tratamiento de síntomas menores y los que contengan un principio activo que cuente con un perfil de seguridad y eficacia favorable y suficientemente documentado a través de años de experiencia y un uso extenso.

Aunque este Real Decreto no limita qué medicamentos ya no podrán ser recetados, todo apunta a que quedarán excluidosmucolíticos, antitusivos, descongestivos, antidiarreicos y las lágrimas artificiales.

En las próximas semanas, Sanidad dará a conocer la lista de medicamentos que quedarán excluidos por estar indicados, según reza el BOE, «en el tratamiento de síntomas menores», una exclusión de la que ya alertado el PSOE, que habla de nuevo «medicamentazo».

-Precios a la baja: La norma establece igualmente un nuevosistema de revisión de precios a la baja para los fármacos financiados, de modo que, según recoge el Real Decreto, «sólo se tendrán en cuenta» las reducciones que supongan, «como mínimo», el 10% sobre el precio industrial máximo en vigor autorizado para la financiación con fondos públicos.

-Extranjeros indocumentados: El Real Decreto establece en una disposición adicional como fecha límite el 31 de agosto para que los extranjeros residentes en España regularicen su tarjeta sanitaria.

A partir de ese momento, según han explicado fuentes del Ministerio de Sanidad, aquellas tarjetas sanitarias pertenecientes ainmigrantes irregulares empadronados quedarán anuladas.

Según figura en el BOE, a partir del 1 de septiembre aquellos «extranjeros no registrados ni autorizados como residentes en España» sólo podrán tener acceso a las urgencias para casos de «enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea su causa, hasta la situación de alta médica«.

Sí queda garantizada la asistencia «al embarazo, parto y postparto» y a los «extranjeros menores de 18 años«, que «recibirán asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles», según figura en el BOE.

-Turistas sanitarios: Respecto a los turistas sanitarios procedentes de la UE y de otros estados que forman parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, el Real Decreto fija como condición «una residencia superior a los tres meses» en España, que deberá quedar fehacientemente acreditada.

-Jóvenes mayores de 26 sin cotizar: A partir de los 26 años, quienes ya no estén cubiertos por la tarjeta sanitaria de sus padres, pero aún no hayan comenzado a cotizar, deben acreditar su falta de ingresos si quieren seguir disfrutando de la sanidad pública española. Así lo indica el nuevo Real Decreto aprobado por el Gobierno, que mantiene esta cláusula con respecto al texto anterior.

Inscribirse como demandante de empleo es una manera de acreditar que se carece de ingresos.

Más allá de decisiones individuales, la participación económica de las mujeres está determinada por dos elementos estructurales que son diferentes en cada país: el Estado de bienestar –servicios públicos de educación, salud y asistencia social- y el régimen de género –el reparto de roles y responsabilidades laborales/familiares entre mujeres y hombres.

Por: EL PAÍS| Por Cecilia Castaño

La incorporación masiva de las mujeres al empleo en los últimos 30 años se ha visto doblemente favorecida por la creación del Estado de bienestar español: las mujeres han encontrado empleo en los servicios públicos de educación, salud y asistencia social –como médicas y enfermeras, maestras, puericultoras, profesoras, etc.- y al mismo tiempo esta oferta de servicios gratuitos ha aligerado la carga de responsabilidades familiares, facilitando la permanencia femenina en el puesto de trabajo.

Ante la cuestión de si los recientes recortes sociales pueden afectar más a las mujeres que a los hombres, la respuesta es afirmativa, porque el ahorro se lleva a cabo a través del aumento de horas de trabajo y la reducción del personal educativo, sanitario y de servicios sociales, abrumadoramente femenino.

Con datos de la Encuesta de Población Activa, para el 4º Trimestre de 2011 son casi dos millones de empleos y más del 23% del empleo femenino: 800.000 mujeres ocupadas en Educación (casi el 10% del empleo femenino) y más de un millón en Salud y Asistencia social (8% y 5,2% del empleo femenino respectivamente). A los hombres les afectará menos, ya que en educación, salud y asistencia social son sólo 700.000 ocupados (7,5% del empleo masculino).

Más allá de estos efectos directos, también les afectará en términos indirectos, ya que la reducción de la oferta de servicios sociales hace más difícil la conciliación y, de esta manera, pone en peligro la permanencia en el empleo. Ello es así porque el régimen de género español todavía atribuye roles diferentes a los hombres –cuya responsabilidad primordial sería traer el sustento económico al hogar, aunque también quieran a sus hijos y se ocupen cada vez más de ellos- y a las mujeres –cuya primera responsabilidad sería cuidar de la familia y educar a los hijos, aunque también contribuyan al sustento económico con su empleo. En España la conciliación es todavía un asunto de mujeres y estamos bastante lejos de la corresponsabilidad. Un ejemplo: el Ministerio de Educación eliminó sin parpadear los planes de aumento de la oferta educativa hasta los 3 años, alegando que no era educación sino conciliación.

Otro efecto no menos importante está relacionado con la mentalidad desde la que se aplican los recortes. En el caso del Gobierno actual, los recortes se han visto precedidos – de manera un tanto extemporánea- por una híper reafirmación de la maternidad como elemento exclusivo en la definición de la identidad femenina. Lo malo es que la reforma laboral que se está discutiendo en el Parlamento no incluye medidas que garanticen que las mujeres embarazadas o ya madres no sean las primeras en ser descartadas –es decir, despedidas- aplicando cualquiera de las nuevas medidas de flexibilidad. De esta manera las mujeres se verán enfrentadas, de manera más dura si cabe que actualmente, al dilema entre maternidad y carrera profesional. Los efectos son negativos para ellas y para el crecimiento económico: que se reduzca la tasa de actividad femenina, que se reduzca, alternativamente, la fecundidad, o que se reduzcan las dos.

Pero con menos servicios de salud y asistencia social el problema no es solo la maternidad y el cuidado de los hijos. Hay otros momentos del curso de la vida no menos complicados para las mujeres. El alargamiento de la esperanza de vida, si no se proveen suficientes servicios de atención sanitaria y social, aumenta las cargas familiares, y de nuevo aquí el régimen de género perjudica a las mujeres. Si en Suecia una persona mayor se rompe la cadera, recibirá atención pública tanto hospitalaria como en el hogar; ante esta misma situación, en España, lo más probable es que alguna de las mujeres de su entorno –hija, nuera, hermana- tenga que dejar de trabajar para hacerse cargo de su cuidado. Todas las mujeres acabarán pasando por el momento de la generación sándwich: no solo cuidar de sus hijos, sino de sus padres al mismo tiempo.

Cecilia Castaño es catedrática de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid

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