Manifestación contra la ley del aborto. FERNANDO SÁNCHEZ
El Gobierno del PP quiere condenar a la clandestinidad a las menores que decidan abortar y no quieran informar a sus padres. Rajoy quiere que esas menores se sometan a intervenciones de interrupción del embarazo sin las garantías médicas suficientes, haciéndolo de tapadillo, quizá con métodos peligrosos. El Ejecutivo quiere multiplicar el sufrimiento que sienten esas adolescentes y el riesgo al que se enfrentan. El argumento (que también se escucha en algunos opinadores –y opinadoras– es el siguiente: ‘a mí no me gustaría que mi hija abortara sin decírmelo’).
No sé si puede existir un argumento más imbécil para elaborar una ley. El Gobierno parece incapaz de pensar que existen padres odiosos, que maltratan a sus hijas, que incluso las violan, y que quizá nunca permitirían que su hija abortara (y no necesariamente por un imperativo religioso: sino por mera extorsión). No sé si será que los dirigentes del PP y esos opinadores profesionales viven en un mundo feliz, en el que todas las familias son modélicas, como sacadas de un anuncio de la tele. Parece que no hay conflictos graves en las familias de los dirigentes del PP.
No es necesaria una ley, y no lo es por dos motivos: Primero porque una menor siempre informará a sus padres de que está embaraza, si esos padres le han demostrado amor, si la han educado en un clima de confianza y seguridad. Y si la menor no quiere informar, tendrá poderosos motivos. En segundo lugar porque, en cualquier caso, ni siquiera es un fenómeno habitual ni generalizado el que busca ‘corregir’ esa reforma legal: sólo un 12,3% de las menores de 16 y 17 años que abortan lo hace sin informar sus padres, según datos que presentó la semana pasada la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI).
Redoblando la crueldad y el cinismo, encima el Gobierno pretende introducir esa reforma en la llamada Ley Orgánica de Protección de la Infancia. Me pregunto quién va a proteger la infancia de esas menores condenadas a practicarse un aborto clandestino, a esas niñas paralizadas por el miedo que no se atreven siquiera a denunciar a un padre violador, o maltratador…
Las leyes no deben enfocarse a regular situaciones supuestamente ‘normales’, porque la normalidad no existe. Que lo normal sea que los padres no maltraten y violen a sus hijas, no quiere decir que la ley deba olvidarse de todas esas niñas cuyos padres les cruzan la cara por pintarse los labios, o por llegar tarde a casa, o simplemente por opinar.
No es un hecho aislado éste de legislar desde el totalitarismo de lo normal, es una pulsión típica de la derecha. Lo normal es que dos personas del mismo sexo no se casen. Lo normal es que los españoles reciban ayudas antes que los inmigrantes. Lo normal es que las mujeres tengan hijos y se encarguen de ellos en casa… Qué asco de normalidad.
El auténtico progreso, las leyes que de verdad hacen que se ahonde en la democracia, no son aquellas que regulan lo normal, sino aquéllas elaboradas con la suficiente sensibilidad como para atender a las necesidades de todos, especialmente de las personas más vulnerables, que viven realidades terribles, como esas niñas que decide abortar sin decírselo a sus padres, porque sus padres nunca las quisieron.