CARLES FRANCINO: Que nadie cante victoria antes de tiempo, pero acabamos el año diciendo que la ley Gallardón sobre el aborto no vería la luz tal como está planteada, y arrancamos 2014 insistiendo en lo mismo. Leer más

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La reforma del aborto pretende que el feto es persona, pero para ello se requiere nacer

Nada más lejos de la realidad que lo que dijo Beatriz Escudero, diputada del PP, en el debate sobre la reforma de la ley del aborto en el Congreso de los Diputados: “¿Saben ustedes que en España las mujeres que se ven abocadas al aborto son las que menos formación tienen?”.

Lo dicen las voces expertas, como Santiago Barambio, presidente de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del embarazo (ACAI), quien rechaza de plano la afirmación realizada por Escudero. “La ignorancia es muy atrevida”, asegura a El Huffington Post. “Lo que más me sorprende de esta declaración es que dice ampararse en las estadísticas. Esto sucede cuando no te basas en los datos de la gente experta”, se queja Barambio, cuya asociación ha realizado varios estudios sobre los motivos de la interrupción voluntaria del embarazo.

En su último trabajo, de 2012, consultadas 5.100 mujeres, apenas el 3% de las que abortaron no tenían estudios, frente al 65% que abortan con estudios entre la Secundaria y el Bachillerato o equivalentes. En sus conclusiones, el estudio asegura que “el aborto provocado no está vinculado a mujeres sin formación o sin empleo”.

estadísticas aborto

OTRA AFIRMACIÓN FALSA

Esto último también choca con otra de las afirmaciones polémicas de Escudero, quien aseguró, sin aportar dato alguno, que “abortan más las asalariadas y las que trabajan por cuenta ajena que las paradas”. “Eso es una contradicción”, asegura, “perpleja”, Yolanda Besteiro, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas. “Precisamente, tienen más recursos a la hora de enfrentarse con un embarazo que una mujer autónoma, que no tiene ingresos regulares y tiene una mayor incertidumbre”, añade.

Besteiro tampoco comprende las palabras de Escudero sobre el nivel de formación. “No tiene absolutamente nada que ver. Eso es desconocer la realidad que hay detrás del aborto, desconocer los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, que existen independientemente de la formación y la ideología. Desconozco de dónde habrá sacado esos datos. No se ha acercado a ninguna clínica, si lo hubiera hecho sabría que no tiene nada que ver”.

Para la presidenta de Mujeres Progresistas la decisión de abortar “no tiene por qué depender de su cultura o su cualificación”. “Hay profesionales con mucha formación que, por lo que sea, no desean tener hijos y es una decisión libremente adoptada. Otras mujeres con poca cualificación, sin embargo, sí que deciden tener familia numerosa y no abortar”, explica.

Lo refrenda otro estudio de ACAI, esta vez de 2010, en el que el número de mujeres sin estudios que abortaron suponía el 4,5%. “Si la diputada llama ‘sin estudios’ a la gente que está en primero de carrera universitaria…”, añade Barambio. En este trabajo se presentaba una ‘foto-robot’ de la mujer que aborta: de 25 años y con recursos propios. “No sirve para nada”, admite el presidente de ACAI, “porque los colectivos vulnerables son inmigrantes, mayores de 40 años, adolescentes y mujeres que viven en áreas con pocos recursos y bajo nivel de instrucción”. “Ahí sí que tendría razón esta señora, pero no son la mayoría, sino más bien la minoría, porque afortunadamente en España la gente va al colegio”.

EDUCACIÓN SEXUAL

“Lo que siempre vendrá bien, y se recoge en la ley actual, es que se efectuara una política de educación sobre los métodos anticonceptivos existentes”, indica Ángela Alemany, abogada y expresidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis.

Lo mismo piensa Barambio, quien cree que el aborto “es una de las soluciones” y aboga por una educación sexual y sobre anticonceptivos que disminuya las interrupciones voluntarias. “El aborto no es lo que se debería medir para saber lo que sucede”, asegura el máximo dirigente de ACAI, “lo que es preocupante es la cifra de embarazos no deseados, el aborto es uno de los indicadores”.

CRÍTICAS A LA REFORMA DE LA LEY

Barambio pide legislar “sobre la realidad” y critica duramente la reforma de la ley del aborto que plantea el Gobierno. “Tendrán que ser madres porque le gusta mucho al señor Gallardón [ministro de Justicia], lo que piensen ellas da igual. Sólo la mujer sabe si puede enfrentarse a la situación que le representa la maternidad con un hijo que la va a necesitar el resto de su vida”, asegura.

Igual de crítica se muestra Alemany. “Lo que van a hacer es retirar la actual ley, la van a derogar. Lo que no se puede decir es lo que ha dicho Gallardón, es intolerable que diga que, en caso de que no estemos conformes con la ley, se lo digamos a los diputados para que la reformen, porque se crea inseguridad jurídica que no es de recibo para la ciudadanía”.

Besteiro, por su parte, cree que supondrá un retroceso de décadas respecto a la ley actual. “Será volver al franquismo. El aborto dejará de ser un derecho para ser un delito penado y sometido a un procedimiento criminal. Las mujeres que tengan dinero, se irán al extranjero. Las que no lo tengan, abortarán en España en condiciones inseguras y poniendo en peligro su salud. Volveremos a las cifras anteriores a 1985, cuando morían más de 400 mujeres al año por abortos”, explica.

La discapacidad no puede ser una excepción para permitir el aborto en un contexto de prohibición porque el aborto debe ser considerado como un derecho de las mujeres, sin excepciones ni necesidad de motivación ninguna. Leer más

Solo el 14% de los ciudadanos apoya suprimir el supuesto de malformación

 Madrid

Fuente: Metroscopia.

En un Gobierno desbordado por la crisis económica que todo lo tapa, Alberto Ruiz-Gallardón ha emergido como el ministro pararrayos, que acumula al malestar ciudadano por los recortes el rechazo a sus propuestas. La última, la de la eliminación del supuesto de aborto de malformación grave del feto, es rechazada por la inmensa mayoría de los españoles, incluidos los votantes del PP y los católicos practicantes. Dos de cada tres votantes del PP, el 65%, y el 64% de los que se declaran católicos están en contra, según la encuesta de Metroscopia.

La interpretación que se ha hecho de esa iniciativa es que Gallardón pretende congraciarse con su electorado, pero hasta a sus votantes les parece excesiva esa vuelta al pasado más remoto, previo a la ley de 1985 en alguno de sus supuestos. Ni para eso le sirve. Los ciudadanos, según se desprende de la encuesta, no aceptan los incumplimientos flagrantes de los programas electorales. El del PP hablaba de forma ambigua de cambiar “el modelo de la actual regulación del aborto para reforzar la protección del derecho a la vida, así como de las menores”, pero todos sus dirigentes, incluido Rajoy, se encargaron de dejar claro que se trataba de volver a la situación previa a 2010, es decir, a la derogación de la ley de plazos para recuperar los supuestos de salud de la madre, violación y malformación del feto.

Así lo explicó Gallardón como ministro de Justicia, hasta que ha colocado sobre la mesa una reforma no prevista que apunta a eliminar el supuesto de malformación grave y que ni siquiera había sido barajada nunca por el PP: ni cuando estaba en la oposición y Zapatero promovió la ley de plazos, ni entre 2000 y 2004, cuando gobernó con mayoría absoluta suficiente para ponerla en marcha. Ni José María Aznar llegó tan lejos.

El rechazo social es evidente y contundente: el 81% de los ciudadanos está en contra de esta reforma y el porcentaje llega al 90% en el caso de los votantes del PSOE.

El gran argumento del PP en las anteriores legislaturas para oponerse a leyes de derechos sociales como la del aborto y la de matrimonio homosexual, entre otras, era precisamente el de la falta de consenso en la sociedad. Ahora solo el 14% de los españoles apoya la reforma Gallardón.

Apenas un 27% de los votantes del PP, con los que el ministro quiere congraciarse, está de acuerdo con lo que ha expuesto Gallardón. Y en función de las creencias religiosas declaradas de los encuestados, tampoco Gallardón logra el apoyo de los supuestos destinatarios del mensaje: los católicos, practicantes o no, están en contra. Ni siquiera hay justificación religiosa, porque el rechazo va del 64% de los practicantes, al 85% de los no practicantes y alejados de la jerarquía de la Iglesia. En contraste, el ministro de Justicia sí ha orillado propuestas concretas de su programa electoral en busca del consenso con otros partidos, como el cambio en el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Ya matizó la propuesta electoral de reclusión permanente revisable para limitarla a los terroristas; es decir, para dejarla en nada en el momento final de ETA.

Gallardón, incompatible con la idea de pasar inadvertido dentro del Gobierno y asumir un papel secundario, paga por su osadía y su imagen se desploma, en el conjunto de un Ejecutivo con mala valoración ciudadana. En menos de un mes, el ministro de Justicia pasa de un saldo negativo de 10, como el miembro del Gobierno mejor valorado, a -36, como quinto peor valorado. En este periodo ha vivido también el caso Dívar, con su fracasada apuesta inicial por la continuidad del entonces presidente del Poder Judicial.

La crisis pone en cuestión el Estado autonómico

Si el PP quiere aprovechar la crisis para reordenar la estructura del Estado, aparentemente tendrá apoyo de una gran mayoría de ciudadanos.

La crisis se lleva por delante el prestigio que hasta ahora tenía el Estado autonómico. Un 81% es partidario de una reorganización, días después de que la Comunidad Valenciana, Murcia y Cataluña hayan pedido el rescate de sus cuentas públicas por parte del Estado.

La impresión es que las comunidades han ido demasiado lejos en su gasto y solo un 13% considera que son algo consustancial y no hay que acometer reforma alguna.

No hay apenas diferencias en función del recuerdo de voto de los encuestados, porque el 88% de los que apoyaron al PP están a favor de esa reorganización y ese porcentaje es del 82% para los que apoyaron al PSOE. Uno de los partidos con mayor ascenso durante la crisis y, especialmente en esta legislatura, UPyD, ha hecho bandera precisamente de esa reorganización del Estado.

El País.

María R. Sahuquillo Madrid

La intención del Gobierno español de modificar la ley del aborto para que las mujeres vuelvan a tener que justificar su decisión aleja a España de Europa. Alemania, Austria, Holanda, Grecia. Todos (y más) se rigen desde hace décadas por leyes de plazos. Una regulación vigente también en España que da a la mujer un periodo —normalmente entre las 12 y las 14 primeras semanas de gestación— para decidir de forma libre, sin tener que dar razones. Con la decisión del Ejecutivo de Mariano Rajoy de acabar con esa posibilidad, sustentada en la teórica defensa de la maternidad y en la protección del no nacido, España se convierte en el único país que retrocedería hasta fórmulas más restrictivas. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, dijo la semana pasada que hay una “violencia de género estructural” que impele a las mujeres a abortar. Si la reforma de Gallardón sigue adelante, España puede ver pasar a la católica Irlanda, uno de los países en los que más limitada está esta prestación, pero que ya da pasos de apertura.

Volver a un sistema de supuestos como el vigente desde 1985 hasta 2010 —cuando interrumpir el embarazo era delito y solo se permitía en casos de violación, malformación del feto o riesgo para la salud de la madre— devolvería a España a una época en la que el aborto no se consideraba un derecho y la mujer solo podía hacerlo bajo tutela médica. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, lo dijo rotundamente hace unos días: “El aborto no es un derecho, es un fracaso”.

Pero el cambio que se atisba en España lo han eludido otros Gobiernos conservadores, en Portugal o en Italia. Solo Hungría, con la ultraderecha de Viktor Orban en el poder, escenificó un movimiento similar al modificar su Constitución para recoger que la vida debe protegerse “desde su concepción”. El artículo abre las puertas a una futura reforma represiva de su ley de aborto (libre hasta la semana 18ª). Algo para lo que, sin embargo, el país “no está preparado”, según Orban.

“Otros Estados, aunque no han llegado a emprender el camino que quiere iniciar España, han intentado limitar de alguna forma la interrupción voluntaria del embarazo”, expone Irene Donadio, experta de la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF European Network), organización que trabaja por los derechos sexuales y reproductivos. Se refiere, por ejemplo, a Lituania o Letonia, cuyos Parlamentos votaron propuestas para restringir sus leyes de plazos (hasta la semana 12ª). No progresaron. Tampoco tuvo éxito en Polonia el plan de endurecer aún más su ya limitada norma.

Pasos que desoyen, además, las recomendaciones de órganos como el Consejo de Europa, que lleva años reclamando que el aborto se reconozca como un derecho en todos los países; o la Organización Mundial de la Salud (OMS), que alerta de que el número de intervenciones es más alto en los países con leyes más restringidas. “Las leyes que limitan y criminalizan el aborto no frenan a quienes necesitan acceder a él”, dice la parlamentaria británica demoliberal Jenny Tonge. “Seguirán abortando, pero de manera clandestina e insegura”, añade. Tonge, una médica que antes de ocupar su escaño se dedicó a temas de planificación familiar, explica que las mujeres encuentran formas de hacerlo: “Desde introducirse objetos o sustancias en la vagina a autolesionarse o ingerir fármacos”, asegura. Solo las que se lo pueden permitir —como hacían algunas españolas antes de la despenalización— viajan a países con leyes de plazos. Alrededor de 6.000 irlandesas se trasladan cada año a Reino Unido para poner fin a su embarazo, según un informe aún inédito de la IPPF, que analiza la situación del aborto en la UE. Algo que les puede costar entre 800 y 1.200 euros.

Irlanda impidió abortar a una mujer con cáncer, ahora revisa su normativa

Irlanda es, tras Malta —donde abortar está prohibido—, el país más restrictivo. Solo lo permite si la vida de la mujer corre “grave y sustancial riesgo”. Un peligro que no se especifica en ninguna regulación y queda a diagnóstico del médico. En diciembre de 2010, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo condenó a Irlanda a indemnizar con 15.000 euros a una mujer, enferma de cáncer, a la que negó un aborto terapéutico. La afectada tuvo que irse a Reino Unido.

Ahora, tras la resaca de la sentencia, en la que el Tribunal criticaba la ausencia de criterios legales para evaluar ese “riesgo sustancial” y las severas sanciones a las que se enfrentan quienes faciliten la intervención, el Gobierno irlandés ha formado un comité de expertos que estudia cómo introducir las recomendaciones de Estrasburgo. Denise Ryan, consejera de la organización irlandesa de planificación familiar IFPA, cree que ese debate es un avance. No obstante, recuerda que no es la primera vez que algo así ocurre y todo queda en nada.

Si, finalmente, España decide alejarse de la tónica europea, el Gobierno debe decidir en qué espejo mirarse. ¿Un modelo atávico como el irlandés? Gallardón ha asegurado que el modelo de supuestos al que quiere volver “funciona en los grandes países occidentales”. Se refiere, quizá, a Reino Unido o Finlandia, donde la mujer debe alegar alguna razón para abortar. Supuestos que incluyen, no obstante, el de “riesgo económico y social”, un amplio paraguas que, de facto, permite el plazo de aborto libre.

Limitación temporal

Prohibido

Solo Malta prohíbe el aborto en cualquier circunstancia. En otros lugares, como Irlanda o Polonia, interrumpir el embarazo no es ilegal aunque está muy restringido.

Supuestos

Apenas cuatro países se rigen por un sistema de supuestos: Polonia, Chipre, Reino Unido y Finlandia. En este último, donde el Estado cubre los gastos de la intervención (salvo las tasas), las mujeres pueden abortar hasta la semana 12ª de gestación si seguir adelante les puede suponer “una carga”. En Chipre no hay límite de tiempo para abortar. Allí, además de los supuestos de violación, malformación del feto y riesgo para la salud de la madre (físico o mental), existe opción de abortar si llevar a término el embarazo puede “perjudicar socialmente a la mujer o a su familia”. La paciente necesita el dictamen de dos médicos para aprobar la intervención.

Autorización paterna

En la República Checa y en España, las mujeres de 16 y 17 años no necesitan autorización paterna para abortar, aunque deben informar de ello a su familia. Un trámite que en España pueden evitar si contarlo en casa les puede causar un conflicto. El Gobierno de Mariano Rajoy ya ha asegurado, sin embargo, que cambiará la ley para exigir a las menores consentimiento paterno. Estonia, que hasta 2009 no exigía ese permiso, cambió su legislación para que fuera imprescindible. En Francia las menores de edad también necesitan permiso; pueden, sin embargo, salvar ese paso si por algún motivo prefieren mantener en secreto su decisión; pero deben ir acompañadas por un adulto.

Reflexión

La mayoría de los países con leyes de plazos imponen un periodo de reflexión a la mujer antes de someterse a la intervención. En Bélgica es de seis días y antes las mujeres reciben asesoramiento obligatorio de las alternativas a la interrupción del embarazo. En Francia (ley de plazos hasta la semana 12ª) deben aguardar una semana después de la primera consulta. En Alemania, Hungría y España el plazo de reflexión es de tres días.

 

La reforma del aborto en manos de la derecha del PP

Lo que se oculta tras el anuncio de la reforma de la ley

 

La legitimidad que siempre dan las mayorías absolutas ha permitido que el sector más conservador ganara la batalla a los más centristas del Partido Popular. Dicha circunstancia está permitiendo el anuncio de reformas legislativas que atacan directamente a los derechos civiles conquistados en las anteriores legislaturas, anuncios que encuentran poca contestación social, ya que cuando las necesidades primarias se encuentran suspendidas del endeble cabo de una regresión económica sin precedentes, resulta natural que el común de la gente esté más preocupada por cubrir esas primarias necesidades que por sus propios derechos civiles y sociales. Leer más