- • Podrán pedir un examen psicológico si la chica alega conflicto familiar
- • Los colegios de facultativos lamentan tener que asumir tanta responsabilidad
Un sanitario, en el quirófano de una clínica abortista de Barcelona. Foto: josep garcia
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PATRICIA MARTÍN
MADRID
El Gobierno clarificó ayer uno de los aspectos más ambiguos y polémicos de la nueva ley del aborto: cómo las menores de 16 y 17 años que quieran interrumpir su embarazo acreditarán que han informado a sus padres y cómo se libraran de esta exigencia si alegan que padecen un grave conflicto familiar. La ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, explicó que serán los médicos los que determinen si están fundados los temores de las menores.
«El médico encargado de practicar la intervención deberá apreciar si las alegaciones de la mujer están fundadas, pudiendo solicitar, en su caso, informe psicológico o de un trabajador social», reza el borrador del desarrollo reglamentario de la ley que se presentará a los consejeros de Sanidad próximamente.
Jiménez consideró que con esta medida «se mantiene el espíritu» de la ley, es decir, que las mujeres tomen la última decisión y las menores informen a sus padres salvo en casos excepcionales de maltrato o coacción. Las chicas de 16 y 17 años deberán acudir a las clínicas acompañadas de sus progenitores o presentar una carta firmada por uno de ellos acompañada de una copia del DNI. «Una fórmula legal utilizada para acreditar un consentimiento en cualquier acto jurídico», añadió.
LA PREVENCIÓN / La ministra reveló además que serán los enfermeros los que impartan la educación sexual en los colegios, con el fin último de que disminuyan los embarazos no deseados entre adolescentes.
El borrador del reglamento refuerza, por otra parte, la conveniencia de que sean los centros públicos los que practiquen las intervenciones, y no como hasta ahora que solo se ocupan de un 2%. «Los servicios públicos de salud velarán por la disponibilidad de los recursos necesarios» para hacer posible el aborto, dice el texto. Dado que la asistencia sanitaria está transferida a las comunidades autónomas, serán esos gobiernos los que determinen si el aborto se practica en un hospital público o en un centro concertado con financiación pública, como será el caso de Catalunya.
Pertenecerán asimismo a la red asistencial pública los profesionales que integren el comité clínico que estudiará si una mujer puede abortar a partir de la semana 14 debido a que ella o el feto sufren un riesgo grave. Habrá al menos un comité en cada comunidad y «en ningún caso autorizará o denegará la práctica de la intervención», solo confirmará o no el diagnóstico médico previo. La Organización Médica Colegial lamentó que los facultativos tengan la responsabilidad de decidir si una menor puede abortar porque creará «inseguridad jurídica». Algunas clínicas acreditadas para practicar el aborto criticaron que el Gobierno les exija excesivos requisitos.
