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El Gobierno no esperará a que caduquen las ya emitidas, que duran un máximo de dos años
Habrá copago en ambulancias no urgentes
Los miembros de la UE que quieran residir en España deberán tener un seguro

Emilio de Benito | Madrid

La situación del sistema sanitario español es tan grave que eso justifica que las decisiones se tomen mediante un decreto ley. Es la premisa del Real Decreto ley 16/2012 de abril de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones que, con cuatro días de retraso, ha publicado el BOE de hoy. El Gobierno acelera los plazos de las reformas. Ni siquiera esperará a que caduquen las tarjetas sanitarias de los extranjeros para endurecer los requisitos, que tienen una validez de dos años. Antes del 31 de agosto de este año deberán demostrar que entran en la categoría de “asegurados”, es decir, que están dados de alta en la Seguridad Social (o, de una manera más general, que tienen todos los papeles en regla y no solo el empadronamiento). Para el resto de los extranjeros también se exigirán más papeles (un aseguramiento), incluidos los de la UE.

Además, se fijan criterios comunes para el copago de ciertas prestaciones que no están en la cartera básica (ambulancias, ortoprotésicos, dietéticos). Y se habilita un sistema de fijación de precios por parte del Ministerio de Sanidad para obligar a rebajar precios.

Las principales regulaciones son las siguientes:

Derecho a la atención sanitaria de los españoles. El decreto concreta el anexo de la ley de salud pública del año pasado que establecía el aseguramiento universal de los españoles. Para ello, fija las condiciones, que siguen vinculadas a la Seguridad Social, ya que la asistencia “se garantizará a aquellas personas que ostenten la condición de asegurado”. Esto es: ser trabajador o pensionista, estar cobrando algún subsidio, haber agotado la prestación de desempleo y estar apuntado en el paro (esta es la novedad porque hasta ahora la prestación terminaba), ser cónyuge o hijo hasta los 26 años o no llegar a un nivel máximo de ingresos. Quedarían fuera personas que tengan ingresos sin haber cotizado nunca, aunque paguen impuestos en España (rentistas).

Atención a los extranjeros “no registrados ni autorizados como residentes en España”. Recibirán atención de urgencias “hasta el alta” y “asistencia al embarazo, parto y postparto”. Los menores de 18 años serán tratados como los españoles. El Gobierno espera ahorrar con ello 500 millones.

Extranjeros de Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. Para tener la residencia (más de tres meses) se le exigirá estar estudiando, trabajando, o si “dispone, para sí y los miembros de su familia, de recursos suficientes para no convertirse en una carga para la asistencia social en España durante su período de residencia, así como de un seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos en España”. Antes esto no era así, y no se les ponía ninguna condición.

Copago de cartera de servicios. Habrá copago en farmacia, prestación ortoprotésica, productos dietéticos y transporte sanitario no urgente. “El porcentaje de aportación del usuario se regirá por las mismas normas que regulan la prestación farmacéutica, tomando como base de cálculo para ello el precio final del producto y sin que se aplique ningún límite de cuantía a esta aportación”. Es decir, las comunidades que lo dan gratis (hay amplia variedad), podrán cobrar por estos servicios en función de la renta. Esto ahorrará otros 500 millones.

Cambio de la cartera gratuita. “Se determinará por acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, a propuesta de la Comisión de prestaciones, aseguramiento y Financiación”. “Se tendrá en cuenta la eficacia, eficiencia, efectividad, seguridad y utilidad terapéuticas, así como las ventajas y alternativas asistenciales, el cuidado de grupos menos protegidos o de riesgo y las necesidades sociales, así como su impacto económico y organizativo”. Así pues el responsable último, aunque sea el que redacte la ley, no será el ministerio, sino las comunidades.

Cartera de servicios autonómica. Las comunidades podrán ampliar la oferta si garantizan que pueden ofrecer la parte común.

Vuelta a prescribir por marca. El decreto hace una cesión a los grandes laboratorios, ya que establece que podrá recetarse “siempre y cuando se respete el principio de mayor eficiencia para el sistema” (sea el más barato).

Exclusión de fármacos de la financiación. En los casos en que coincidan medicamentos en la lista de los que necesitan receta y los que no, se dejarán de financiar estos. Esto sucede con algunos fármacos para síntomas menores (antigripales, analgésicos, protectores gástricos).

Doble precio de medicamentos. “Como regla general”, los precios a los que lo laboratorios vendan a la Administración serán menores a los de venta a otros clientes (recetas privadas). Es decir, se les exigirá un descuento sobre el precio autorizado.

Precios de referencia. Se revisarán trimestralmente. Hasta ahora eran anualmente, aunque quedaba abierta la posibilidad de que el Gobierno lo variara, pero de manera excepcional. Con ello, si entra un genérico en el mercado más barato, las demás tendrán que bajar hasta su nivel antes.

Precios seleccionados. Haya o no un genérico más barato, el Gobierno podrá determinar rebajas de algunos medicamentos –el “precio seleccionado”-. Habrá algunas condiciones, como que haya al menos tres productos en el grupo terapéutico seleccionado. A cambio, el precio, que se comunicará a los fabricantes, se mantendrá dos años. Esta es una de las grandes novedades del decreto, y la clave del ahorro de más de 3.000 millones en esta partida, junto a las otras aplicables a farmacia.

Copago farmacéutico. El decreto describe el sistema de copago en función de la renta (exento, 40%, 50% y 60% para activos según ingresos, y exento, 10% con un máximo de 8 euros, 10% con un máximo de 18 euros y 10% con un máximo de 60 euros para pensionistas). Para ello, se manejarán los datos financieros del titular de la tarjeta. Este no tendrá que dar su permiso. La Seguridad Social indicará a las autoridades sanitarias el nivel de aportación (exento total, por debajo del mínimo para declarar, hasta 100.000 euros) sin especificar la cantidad exacta.

Aportaciones de los proveedores. Se establece una escala muy sencilla de aportaciones (devoluciones) de los proveedores del sistema nacional de salud (laboratorios y fabricantes de otros productos). Si venden hasta 3 millones, deberán devolver el 1,5% de su facturación. A partir de ahí, su aportación será del 2%. Las empresas podrán reducir esta cantidad si participan en el plan Profarma, dedicado a la investigación, en una escala que va del 0% al 25%.

Devoluciones de farmacias. También las farmacias tendrán que descontar a la Administración por su venta. Esto ya ocurre, pero se endurecen las aportaciones. Por ejemplo, la máxima pasa del 15% al 23,67%. En cambio, aumenta el nivel de venta por el que quedan exentas, que pasa de los 32.000 a los 37.500 euros al mes.

Personal. Se creará un registro de profesionales. Es una vieja aspiración. Estará en manos del ministerio. Este establecerá la correspondencia entre las categorías profesionales de las distintas comunidades. Se suprimen la modalidad de prestación de servicios de cupo y zona (un extra).

Más allá de decisiones individuales, la participación económica de las mujeres está determinada por dos elementos estructurales que son diferentes en cada país: el Estado de bienestar –servicios públicos de educación, salud y asistencia social- y el régimen de género –el reparto de roles y responsabilidades laborales/familiares entre mujeres y hombres.

Por: EL PAÍS| Por Cecilia Castaño

La incorporación masiva de las mujeres al empleo en los últimos 30 años se ha visto doblemente favorecida por la creación del Estado de bienestar español: las mujeres han encontrado empleo en los servicios públicos de educación, salud y asistencia social –como médicas y enfermeras, maestras, puericultoras, profesoras, etc.- y al mismo tiempo esta oferta de servicios gratuitos ha aligerado la carga de responsabilidades familiares, facilitando la permanencia femenina en el puesto de trabajo.

Ante la cuestión de si los recientes recortes sociales pueden afectar más a las mujeres que a los hombres, la respuesta es afirmativa, porque el ahorro se lleva a cabo a través del aumento de horas de trabajo y la reducción del personal educativo, sanitario y de servicios sociales, abrumadoramente femenino.

Con datos de la Encuesta de Población Activa, para el 4º Trimestre de 2011 son casi dos millones de empleos y más del 23% del empleo femenino: 800.000 mujeres ocupadas en Educación (casi el 10% del empleo femenino) y más de un millón en Salud y Asistencia social (8% y 5,2% del empleo femenino respectivamente). A los hombres les afectará menos, ya que en educación, salud y asistencia social son sólo 700.000 ocupados (7,5% del empleo masculino).

Más allá de estos efectos directos, también les afectará en términos indirectos, ya que la reducción de la oferta de servicios sociales hace más difícil la conciliación y, de esta manera, pone en peligro la permanencia en el empleo. Ello es así porque el régimen de género español todavía atribuye roles diferentes a los hombres –cuya responsabilidad primordial sería traer el sustento económico al hogar, aunque también quieran a sus hijos y se ocupen cada vez más de ellos- y a las mujeres –cuya primera responsabilidad sería cuidar de la familia y educar a los hijos, aunque también contribuyan al sustento económico con su empleo. En España la conciliación es todavía un asunto de mujeres y estamos bastante lejos de la corresponsabilidad. Un ejemplo: el Ministerio de Educación eliminó sin parpadear los planes de aumento de la oferta educativa hasta los 3 años, alegando que no era educación sino conciliación.

Otro efecto no menos importante está relacionado con la mentalidad desde la que se aplican los recortes. En el caso del Gobierno actual, los recortes se han visto precedidos – de manera un tanto extemporánea- por una híper reafirmación de la maternidad como elemento exclusivo en la definición de la identidad femenina. Lo malo es que la reforma laboral que se está discutiendo en el Parlamento no incluye medidas que garanticen que las mujeres embarazadas o ya madres no sean las primeras en ser descartadas –es decir, despedidas- aplicando cualquiera de las nuevas medidas de flexibilidad. De esta manera las mujeres se verán enfrentadas, de manera más dura si cabe que actualmente, al dilema entre maternidad y carrera profesional. Los efectos son negativos para ellas y para el crecimiento económico: que se reduzca la tasa de actividad femenina, que se reduzca, alternativamente, la fecundidad, o que se reduzcan las dos.

Pero con menos servicios de salud y asistencia social el problema no es solo la maternidad y el cuidado de los hijos. Hay otros momentos del curso de la vida no menos complicados para las mujeres. El alargamiento de la esperanza de vida, si no se proveen suficientes servicios de atención sanitaria y social, aumenta las cargas familiares, y de nuevo aquí el régimen de género perjudica a las mujeres. Si en Suecia una persona mayor se rompe la cadera, recibirá atención pública tanto hospitalaria como en el hogar; ante esta misma situación, en España, lo más probable es que alguna de las mujeres de su entorno –hija, nuera, hermana- tenga que dejar de trabajar para hacerse cargo de su cuidado. Todas las mujeres acabarán pasando por el momento de la generación sándwich: no solo cuidar de sus hijos, sino de sus padres al mismo tiempo.

Cecilia Castaño es catedrática de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid

Comentario de la clínica .Como se conjuga que la nueva ley de Gallardón quiera protejer la natalidad con estos recortes ?