EL MICROMACHISMO EN NUESTRA SOCIEDAD

Son gestos, actitudes, comportamientos, a veces inconscientes, y muy cotidianos que pasan desapercibidos porque se consideran “normales” y están culturalmente aceptados, están en el lenguaje, en las bromas en cualquier contexto y latitud.

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El Día Internacional de la Mujer, originalmente llamado Día Internacional de la Mujer Trabajadora, se celebra el día 8 de marzo y está reconocido por la Organización de las Naciones Unidas, ONU.

En este día se conmemora la lucha de la mujer por su participación, en pie de igualdad con el hombre, en la sociedad y en su desarrollo integro como persona.

Celebramos el Día Mundial contra el Cáncer

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BASES DEL SORTEO PULSERAS SOLIDARIAS
CLÍNICA BUENAVISTA. Leer más

Todos los ciudadanos usuarios del Sistema Nacional de Salud dispondrán de una tarjeta sanitaria individual con una serie de datos básicos y un código de identificación personal que permitirá que sea interoperable en todas las Comunidades Autónomas. De este modo se da cumplimiento a la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, de 2003, que establece que los ciudadanos tienen derecho a recibir por parte del servicio de salud de la comunidad autónoma en la que se encuentre, la asistencia sanitaria en las mismas condiciones y con idénticas garantías que los ciudadanos residentes en esa comunidad autónoma. Se estima que cuatro millones de españoles reciben cada año atención sanitaria en una Comunidad Autónoma distinta a la suya.

Así lo ha acordado el Consejo de Ministros, que ha aprobado el Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 183/2004, por el que se regula la tarjeta sanitaria individual.

El Real Decreto aprobado es fruto del acuerdo de todos los consejeros de Sanidad autonómicos, que el 29 de febrero de 2012 dieron el visto bueno a la propuesta de criterios básicos de formato de la tarjeta sanitaria del Sistema Nacional de Salud. De este modo, además, se cumple lo estipulado en el Real Decreto-Ley 9/2011, en el que se recoge que el Gobierno, en coordinación con las Comunidades Autónomas, “establecerá el formato único y común de tarjeta sanitaria válido para todo el Sistema Nacional de Salud”.

Las tarjetas incluirán una serie de datos básicos comunes y estarán vinculadas a un código de identificación personal. Los datos básicos a incluir en el anverso de la tarjeta sanitaria son:

  1. Identidad institucional de la Comunidad Autónoma o entidad que la emite.
  2. Los rótulos de “Sistema Nacional de Salud de España” y “Tarjeta Sanitaria”.
  3. Código de identificación personal asignado por la administración sanitaria emisora de la tarjeta.
  4. Nombre y apellidos del titular de la tarjeta.
  5. Código de identificación personal único del Sistema Nacional de Salud.
  6. Código de la administración sanitaria emisora de la tarjeta.

Las tarjetas también podrán incorporar el número de DNI de su titular o, en el caso de extranjeros, su número de identidad de extranjeros, el número de la Seguridad Social, la fecha de caducidad o el número de teléfono de atención de urgencias sanitarias. Igualmente se podrá incluir una fotografía del titular de la tarjeta sanitaria.

Otra novedad es que, a instancias de parte o de oficio en aquellas administraciones sanitarias que así lo prevean en su normativa, en el ángulo inferior derecho de la tarjeta sanitaria se grabarán, en braille, los caracteres “TSI” (Tarjeta Sanitaria Individual).

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad establecerá los requisitos y estándares necesarios sobre los dispositivos que las tarjetas incorporen y las aplicaciones que las traten deberán permitir que la lectura y comprobación de los datos sea técnicamente posible en todo el territorio del Estado.

El formato único de la tarjeta sanitaria permitirá también, de manera visible, la identificación del Sistema Nacional de Salud de España, necesaria para el proyecto europeo de interoperabilidad de la información clínica y para la adecuada implantación de la tarjeta sanitaria europea, para la circulación de los pacientes por la UE, y elemento de garantía para la ciudadanía del ejercicio del derecho a la protección de la salud en todo el Estado.

Las actuales tarjetas se sustituirán con motivo de su renovación por cualquier causa y el proceso estará finalizado antes de cinco años. La norma ha sido sometida a informe previo de la Agencia Española de Protección de Datos.

El formato único de la tarjeta sanitaria individual supone un paso más en la implantación de la e-Salud. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad también trabaja en la completa implantación de la receta electrónica y de la historia clínica digital. En la actualidad, 20 millones de españoles están ya en la base de datos de la historia clínica digital, y el 61,5% de las recetas médicas que se expiden lo hacen en formato electrónico.

ANEXO

Modelo de tarjeta:

1.- Anverso

Modelo sin fotografía

 

 Modelo con fotografía

 

1.- Reverso

Banda magnética con tres pistas:

Pista 1 alfanumérica, con el código asignado por la administración emisora, el código único asignado por el Sistema Nacional de Salud, el Código de la administración sanitaria emisora y el nombre y apellidos del titular.

Pista 2 numérica: libre.

Pista 3 regrabable.

Solo el 14% de los ciudadanos apoya suprimir el supuesto de malformación

 Madrid

Fuente: Metroscopia.

En un Gobierno desbordado por la crisis económica que todo lo tapa, Alberto Ruiz-Gallardón ha emergido como el ministro pararrayos, que acumula al malestar ciudadano por los recortes el rechazo a sus propuestas. La última, la de la eliminación del supuesto de aborto de malformación grave del feto, es rechazada por la inmensa mayoría de los españoles, incluidos los votantes del PP y los católicos practicantes. Dos de cada tres votantes del PP, el 65%, y el 64% de los que se declaran católicos están en contra, según la encuesta de Metroscopia.

La interpretación que se ha hecho de esa iniciativa es que Gallardón pretende congraciarse con su electorado, pero hasta a sus votantes les parece excesiva esa vuelta al pasado más remoto, previo a la ley de 1985 en alguno de sus supuestos. Ni para eso le sirve. Los ciudadanos, según se desprende de la encuesta, no aceptan los incumplimientos flagrantes de los programas electorales. El del PP hablaba de forma ambigua de cambiar “el modelo de la actual regulación del aborto para reforzar la protección del derecho a la vida, así como de las menores”, pero todos sus dirigentes, incluido Rajoy, se encargaron de dejar claro que se trataba de volver a la situación previa a 2010, es decir, a la derogación de la ley de plazos para recuperar los supuestos de salud de la madre, violación y malformación del feto.

Así lo explicó Gallardón como ministro de Justicia, hasta que ha colocado sobre la mesa una reforma no prevista que apunta a eliminar el supuesto de malformación grave y que ni siquiera había sido barajada nunca por el PP: ni cuando estaba en la oposición y Zapatero promovió la ley de plazos, ni entre 2000 y 2004, cuando gobernó con mayoría absoluta suficiente para ponerla en marcha. Ni José María Aznar llegó tan lejos.

El rechazo social es evidente y contundente: el 81% de los ciudadanos está en contra de esta reforma y el porcentaje llega al 90% en el caso de los votantes del PSOE.

El gran argumento del PP en las anteriores legislaturas para oponerse a leyes de derechos sociales como la del aborto y la de matrimonio homosexual, entre otras, era precisamente el de la falta de consenso en la sociedad. Ahora solo el 14% de los españoles apoya la reforma Gallardón.

Apenas un 27% de los votantes del PP, con los que el ministro quiere congraciarse, está de acuerdo con lo que ha expuesto Gallardón. Y en función de las creencias religiosas declaradas de los encuestados, tampoco Gallardón logra el apoyo de los supuestos destinatarios del mensaje: los católicos, practicantes o no, están en contra. Ni siquiera hay justificación religiosa, porque el rechazo va del 64% de los practicantes, al 85% de los no practicantes y alejados de la jerarquía de la Iglesia. En contraste, el ministro de Justicia sí ha orillado propuestas concretas de su programa electoral en busca del consenso con otros partidos, como el cambio en el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Ya matizó la propuesta electoral de reclusión permanente revisable para limitarla a los terroristas; es decir, para dejarla en nada en el momento final de ETA.

Gallardón, incompatible con la idea de pasar inadvertido dentro del Gobierno y asumir un papel secundario, paga por su osadía y su imagen se desploma, en el conjunto de un Ejecutivo con mala valoración ciudadana. En menos de un mes, el ministro de Justicia pasa de un saldo negativo de 10, como el miembro del Gobierno mejor valorado, a -36, como quinto peor valorado. En este periodo ha vivido también el caso Dívar, con su fracasada apuesta inicial por la continuidad del entonces presidente del Poder Judicial.

La crisis pone en cuestión el Estado autonómico

Si el PP quiere aprovechar la crisis para reordenar la estructura del Estado, aparentemente tendrá apoyo de una gran mayoría de ciudadanos.

La crisis se lleva por delante el prestigio que hasta ahora tenía el Estado autonómico. Un 81% es partidario de una reorganización, días después de que la Comunidad Valenciana, Murcia y Cataluña hayan pedido el rescate de sus cuentas públicas por parte del Estado.

La impresión es que las comunidades han ido demasiado lejos en su gasto y solo un 13% considera que son algo consustancial y no hay que acometer reforma alguna.

No hay apenas diferencias en función del recuerdo de voto de los encuestados, porque el 88% de los que apoyaron al PP están a favor de esa reorganización y ese porcentaje es del 82% para los que apoyaron al PSOE. Uno de los partidos con mayor ascenso durante la crisis y, especialmente en esta legislatura, UPyD, ha hecho bandera precisamente de esa reorganización del Estado.

La idea, originada en la Casa Blanca, puede enraizar en casi todos los hogares, afirma una experta Leer más

El Gobierno no esperará a que caduquen las ya emitidas, que duran un máximo de dos años
Habrá copago en ambulancias no urgentes
Los miembros de la UE que quieran residir en España deberán tener un seguro

Emilio de Benito | Madrid

La situación del sistema sanitario español es tan grave que eso justifica que las decisiones se tomen mediante un decreto ley. Es la premisa del Real Decreto ley 16/2012 de abril de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones que, con cuatro días de retraso, ha publicado el BOE de hoy. El Gobierno acelera los plazos de las reformas. Ni siquiera esperará a que caduquen las tarjetas sanitarias de los extranjeros para endurecer los requisitos, que tienen una validez de dos años. Antes del 31 de agosto de este año deberán demostrar que entran en la categoría de “asegurados”, es decir, que están dados de alta en la Seguridad Social (o, de una manera más general, que tienen todos los papeles en regla y no solo el empadronamiento). Para el resto de los extranjeros también se exigirán más papeles (un aseguramiento), incluidos los de la UE.

Además, se fijan criterios comunes para el copago de ciertas prestaciones que no están en la cartera básica (ambulancias, ortoprotésicos, dietéticos). Y se habilita un sistema de fijación de precios por parte del Ministerio de Sanidad para obligar a rebajar precios.

Las principales regulaciones son las siguientes:

Derecho a la atención sanitaria de los españoles. El decreto concreta el anexo de la ley de salud pública del año pasado que establecía el aseguramiento universal de los españoles. Para ello, fija las condiciones, que siguen vinculadas a la Seguridad Social, ya que la asistencia “se garantizará a aquellas personas que ostenten la condición de asegurado”. Esto es: ser trabajador o pensionista, estar cobrando algún subsidio, haber agotado la prestación de desempleo y estar apuntado en el paro (esta es la novedad porque hasta ahora la prestación terminaba), ser cónyuge o hijo hasta los 26 años o no llegar a un nivel máximo de ingresos. Quedarían fuera personas que tengan ingresos sin haber cotizado nunca, aunque paguen impuestos en España (rentistas).

Atención a los extranjeros “no registrados ni autorizados como residentes en España”. Recibirán atención de urgencias “hasta el alta” y “asistencia al embarazo, parto y postparto”. Los menores de 18 años serán tratados como los españoles. El Gobierno espera ahorrar con ello 500 millones.

Extranjeros de Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. Para tener la residencia (más de tres meses) se le exigirá estar estudiando, trabajando, o si “dispone, para sí y los miembros de su familia, de recursos suficientes para no convertirse en una carga para la asistencia social en España durante su período de residencia, así como de un seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos en España”. Antes esto no era así, y no se les ponía ninguna condición.

Copago de cartera de servicios. Habrá copago en farmacia, prestación ortoprotésica, productos dietéticos y transporte sanitario no urgente. “El porcentaje de aportación del usuario se regirá por las mismas normas que regulan la prestación farmacéutica, tomando como base de cálculo para ello el precio final del producto y sin que se aplique ningún límite de cuantía a esta aportación”. Es decir, las comunidades que lo dan gratis (hay amplia variedad), podrán cobrar por estos servicios en función de la renta. Esto ahorrará otros 500 millones.

Cambio de la cartera gratuita. “Se determinará por acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, a propuesta de la Comisión de prestaciones, aseguramiento y Financiación”. “Se tendrá en cuenta la eficacia, eficiencia, efectividad, seguridad y utilidad terapéuticas, así como las ventajas y alternativas asistenciales, el cuidado de grupos menos protegidos o de riesgo y las necesidades sociales, así como su impacto económico y organizativo”. Así pues el responsable último, aunque sea el que redacte la ley, no será el ministerio, sino las comunidades.

Cartera de servicios autonómica. Las comunidades podrán ampliar la oferta si garantizan que pueden ofrecer la parte común.

Vuelta a prescribir por marca. El decreto hace una cesión a los grandes laboratorios, ya que establece que podrá recetarse “siempre y cuando se respete el principio de mayor eficiencia para el sistema” (sea el más barato).

Exclusión de fármacos de la financiación. En los casos en que coincidan medicamentos en la lista de los que necesitan receta y los que no, se dejarán de financiar estos. Esto sucede con algunos fármacos para síntomas menores (antigripales, analgésicos, protectores gástricos).

Doble precio de medicamentos. “Como regla general”, los precios a los que lo laboratorios vendan a la Administración serán menores a los de venta a otros clientes (recetas privadas). Es decir, se les exigirá un descuento sobre el precio autorizado.

Precios de referencia. Se revisarán trimestralmente. Hasta ahora eran anualmente, aunque quedaba abierta la posibilidad de que el Gobierno lo variara, pero de manera excepcional. Con ello, si entra un genérico en el mercado más barato, las demás tendrán que bajar hasta su nivel antes.

Precios seleccionados. Haya o no un genérico más barato, el Gobierno podrá determinar rebajas de algunos medicamentos –el “precio seleccionado”-. Habrá algunas condiciones, como que haya al menos tres productos en el grupo terapéutico seleccionado. A cambio, el precio, que se comunicará a los fabricantes, se mantendrá dos años. Esta es una de las grandes novedades del decreto, y la clave del ahorro de más de 3.000 millones en esta partida, junto a las otras aplicables a farmacia.

Copago farmacéutico. El decreto describe el sistema de copago en función de la renta (exento, 40%, 50% y 60% para activos según ingresos, y exento, 10% con un máximo de 8 euros, 10% con un máximo de 18 euros y 10% con un máximo de 60 euros para pensionistas). Para ello, se manejarán los datos financieros del titular de la tarjeta. Este no tendrá que dar su permiso. La Seguridad Social indicará a las autoridades sanitarias el nivel de aportación (exento total, por debajo del mínimo para declarar, hasta 100.000 euros) sin especificar la cantidad exacta.

Aportaciones de los proveedores. Se establece una escala muy sencilla de aportaciones (devoluciones) de los proveedores del sistema nacional de salud (laboratorios y fabricantes de otros productos). Si venden hasta 3 millones, deberán devolver el 1,5% de su facturación. A partir de ahí, su aportación será del 2%. Las empresas podrán reducir esta cantidad si participan en el plan Profarma, dedicado a la investigación, en una escala que va del 0% al 25%.

Devoluciones de farmacias. También las farmacias tendrán que descontar a la Administración por su venta. Esto ya ocurre, pero se endurecen las aportaciones. Por ejemplo, la máxima pasa del 15% al 23,67%. En cambio, aumenta el nivel de venta por el que quedan exentas, que pasa de los 32.000 a los 37.500 euros al mes.

Personal. Se creará un registro de profesionales. Es una vieja aspiración. Estará en manos del ministerio. Este establecerá la correspondencia entre las categorías profesionales de las distintas comunidades. Se suprimen la modalidad de prestación de servicios de cupo y zona (un extra).

El BOE ha publicado hoy el Real Decreto ley de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud con el objetivo de ahorrar 7.000 millones de euros en la sanidad.

ELMUNDO.es | Agencias | Madrid

Éstas son las principales medidas de ahorro:

-Pago de prótesis ambulatoria y transporte sanitario no urgente: Los usuarios de la Sanidad pública tendrán que pagar parte de las prótesis ambulatorias (férulas, muletas, sillas de ruedas…), los productos dietéticos e incluso el transporte sanitario no urgente, de acuerdo con el decreto que publica el BOE, que considera estos productos y actividades como “servicios accesorios” sujetos a aportación por parte del usuario.

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El porcentaje de aportación del usuario “se regirá por las mismas normas que regulan laprestación farmacéutica, tomando como base de cálculo para ello el precio final del producto y sin que se aplique ningún limite de cuantía a esta aportación”.

Ese tipo de prestaciones -ortoprotésica, productos dietéticos y transporte sanitario no urgente-, que se dispensan de manera ambulatoria, estarán incluidas en la cartera común suplementariadel Sistema Nacional de Salud.

-Servicios comunes: La norma incorpora la modificación del artículo relativo al desarrollo de los servicios comunes, entre los queno se incluirán aquellas técnicas, tecnologías y procedimientos queno tengan suficientemente probada su “contribución eficaz a la prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y curación de las enfermedades, conservación o mejora de la esperanza de vida, autonomía y eliminación o disminución del dolor y el sufrimiento”.

-Copago farmacéutico: El Real Decreto pone fecha al copago farmacéutico: el 1 de julio. Antes de esa fecha, las comunidades autónomas deberán adaptarse para modificar al copago según renta antes del 30 de junio.

De esta manera, los activos con una renta igual o superior a 100.000 euros deberán hacerse cargo de un 60% del precio de los medicamentos, reduciéndose al 50% si la renta se comprende entre los 18.000 y los 100.000 euros, y al 40% para las personas cuya renta sea inferior a los 18.000 euros.

Los pensionistas con renta inferior a 18.000 euros pagarán el 10%, con un tope de ocho euros mensuales; los que perciban más de esa renta abonarán un máximo de 18 euros al mes y los que reciban más de 100.000 euros tendrán un límite de 60 euros mensuales.

-Sin fármacos para síntomas menores: El Gobierno ha decididoexcluir de la prestación aquellos fármacos indicados en el tratamiento de síntomas menores y los que contengan un principio activo que cuente con un perfil de seguridad y eficacia favorable y suficientemente documentado a través de años de experiencia y un uso extenso.

Aunque este Real Decreto no limita qué medicamentos ya no podrán ser recetados, todo apunta a que quedarán excluidosmucolíticos, antitusivos, descongestivos, antidiarreicos y las lágrimas artificiales.

En las próximas semanas, Sanidad dará a conocer la lista de medicamentos que quedarán excluidos por estar indicados, según reza el BOE, “en el tratamiento de síntomas menores”, una exclusión de la que ya alertado el PSOE, que habla de nuevo “medicamentazo”.

-Precios a la baja: La norma establece igualmente un nuevosistema de revisión de precios a la baja para los fármacos financiados, de modo que, según recoge el Real Decreto, “sólo se tendrán en cuenta” las reducciones que supongan, “como mínimo”, el 10% sobre el precio industrial máximo en vigor autorizado para la financiación con fondos públicos.

-Extranjeros indocumentados: El Real Decreto establece en una disposición adicional como fecha límite el 31 de agosto para que los extranjeros residentes en España regularicen su tarjeta sanitaria.

A partir de ese momento, según han explicado fuentes del Ministerio de Sanidad, aquellas tarjetas sanitarias pertenecientes ainmigrantes irregulares empadronados quedarán anuladas.

Según figura en el BOE, a partir del 1 de septiembre aquellos “extranjeros no registrados ni autorizados como residentes en España” sólo podrán tener acceso a las urgencias para casos de “enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea su causa, hasta la situación de alta médica“.

Sí queda garantizada la asistencia “al embarazo, parto y postparto” y a los “extranjeros menores de 18 años“, que “recibirán asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles”, según figura en el BOE.

-Turistas sanitarios: Respecto a los turistas sanitarios procedentes de la UE y de otros estados que forman parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, el Real Decreto fija como condición “una residencia superior a los tres meses” en España, que deberá quedar fehacientemente acreditada.

-Jóvenes mayores de 26 sin cotizar: A partir de los 26 años, quienes ya no estén cubiertos por la tarjeta sanitaria de sus padres, pero aún no hayan comenzado a cotizar, deben acreditar su falta de ingresos si quieren seguir disfrutando de la sanidad pública española. Así lo indica el nuevo Real Decreto aprobado por el Gobierno, que mantiene esta cláusula con respecto al texto anterior.

Inscribirse como demandante de empleo es una manera de acreditar que se carece de ingresos.

Más allá de decisiones individuales, la participación económica de las mujeres está determinada por dos elementos estructurales que son diferentes en cada país: el Estado de bienestar –servicios públicos de educación, salud y asistencia social- y el régimen de género –el reparto de roles y responsabilidades laborales/familiares entre mujeres y hombres.

Por: EL PAÍS| Por Cecilia Castaño

La incorporación masiva de las mujeres al empleo en los últimos 30 años se ha visto doblemente favorecida por la creación del Estado de bienestar español: las mujeres han encontrado empleo en los servicios públicos de educación, salud y asistencia social –como médicas y enfermeras, maestras, puericultoras, profesoras, etc.- y al mismo tiempo esta oferta de servicios gratuitos ha aligerado la carga de responsabilidades familiares, facilitando la permanencia femenina en el puesto de trabajo.

Ante la cuestión de si los recientes recortes sociales pueden afectar más a las mujeres que a los hombres, la respuesta es afirmativa, porque el ahorro se lleva a cabo a través del aumento de horas de trabajo y la reducción del personal educativo, sanitario y de servicios sociales, abrumadoramente femenino.

Con datos de la Encuesta de Población Activa, para el 4º Trimestre de 2011 son casi dos millones de empleos y más del 23% del empleo femenino: 800.000 mujeres ocupadas en Educación (casi el 10% del empleo femenino) y más de un millón en Salud y Asistencia social (8% y 5,2% del empleo femenino respectivamente). A los hombres les afectará menos, ya que en educación, salud y asistencia social son sólo 700.000 ocupados (7,5% del empleo masculino).

Más allá de estos efectos directos, también les afectará en términos indirectos, ya que la reducción de la oferta de servicios sociales hace más difícil la conciliación y, de esta manera, pone en peligro la permanencia en el empleo. Ello es así porque el régimen de género español todavía atribuye roles diferentes a los hombres –cuya responsabilidad primordial sería traer el sustento económico al hogar, aunque también quieran a sus hijos y se ocupen cada vez más de ellos- y a las mujeres –cuya primera responsabilidad sería cuidar de la familia y educar a los hijos, aunque también contribuyan al sustento económico con su empleo. En España la conciliación es todavía un asunto de mujeres y estamos bastante lejos de la corresponsabilidad. Un ejemplo: el Ministerio de Educación eliminó sin parpadear los planes de aumento de la oferta educativa hasta los 3 años, alegando que no era educación sino conciliación.

Otro efecto no menos importante está relacionado con la mentalidad desde la que se aplican los recortes. En el caso del Gobierno actual, los recortes se han visto precedidos – de manera un tanto extemporánea- por una híper reafirmación de la maternidad como elemento exclusivo en la definición de la identidad femenina. Lo malo es que la reforma laboral que se está discutiendo en el Parlamento no incluye medidas que garanticen que las mujeres embarazadas o ya madres no sean las primeras en ser descartadas –es decir, despedidas- aplicando cualquiera de las nuevas medidas de flexibilidad. De esta manera las mujeres se verán enfrentadas, de manera más dura si cabe que actualmente, al dilema entre maternidad y carrera profesional. Los efectos son negativos para ellas y para el crecimiento económico: que se reduzca la tasa de actividad femenina, que se reduzca, alternativamente, la fecundidad, o que se reduzcan las dos.

Pero con menos servicios de salud y asistencia social el problema no es solo la maternidad y el cuidado de los hijos. Hay otros momentos del curso de la vida no menos complicados para las mujeres. El alargamiento de la esperanza de vida, si no se proveen suficientes servicios de atención sanitaria y social, aumenta las cargas familiares, y de nuevo aquí el régimen de género perjudica a las mujeres. Si en Suecia una persona mayor se rompe la cadera, recibirá atención pública tanto hospitalaria como en el hogar; ante esta misma situación, en España, lo más probable es que alguna de las mujeres de su entorno –hija, nuera, hermana- tenga que dejar de trabajar para hacerse cargo de su cuidado. Todas las mujeres acabarán pasando por el momento de la generación sándwich: no solo cuidar de sus hijos, sino de sus padres al mismo tiempo.

Cecilia Castaño es catedrática de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid

Comentario de la clínica .Como se conjuga que la nueva ley de Gallardón quiera protejer la natalidad con estos recortes ?